La reglamentación de la Ley 1314: logros y dificultades – Germán Eduardo Espinosa Flórez

Independientemente de las posiciones que se tengan al respecto, hay que reconocer que éste Gobierno como ningún otro, se empeñó y logró sacar adelante una ley que tiene como objetivo “…la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios”.

También hay que elogiar el esfuerzo que actualmente está realizando el Gobierno con el fin de reglamentar la ley y expedir, a más tardar en diciembre de este año, los decretos correspondientes que posibiliten poner en marcha el andamiaje institucional pertinente para alcanzar el tan anhelado proceso de convergencia.

Aunque con algunas “fallas”, el Gobierno está tratando de convocar a los diferentes actores para que opinen sobre los borradores de las normas reglamentarias; y como diría alguien, “sobre el que hacer obligatorio no hay lugar a reconocimientos”, si es plausible el intento de tratar de reunir y “convencer” a los contadores sobre la benevolencia de las propuestas.

Seguramente, con todos los inconvenientes que se puedan presentar, hay que afirmar que el Gobierno se anotó un gol, debido a que la ley y los decretos que la reglamentan y que se expedirán este año, son resultados concretos que puede presentar el ejecutivo como estrategia para mejorar los indicadores maltrechos que en materia de contabilidad y auditoría puso de manifiesto el informe ROSC.

Pero no todo es loable, los procedimientos empleados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejan un sabor agridulce, sobre todo en una profesión llena de susceptibilidades; ya son públicas las quejas por la falta de representatividad en las mesas de trabajo convocadas por el ejecutivo; también se ha hecho manifiesta la idea que más que participación, lo que el Gobierno ha querido es presentar una propuesta discutida previamente, con algunas instituciones estatales y llevar a dichas mesas temas ya decididos, para que la profesión los avale; y ni qué decir sobre los escasos argumentos estipulados por el Ministerio ante preguntas importantísimas que han surgido en las mesas de trabajo.

Observemos algunos aspectos:

En una profesión tan resquebrajada internamente, donde existen pugnas y luchas de poder, posiciones ideológicas encontradas, e intereses individuales que priman sobre los objetivos que persigue la profesión, con cualquier intento de convocatoria en la que no esté presente uno de los actores que entra en discordia, se generan reacciones de la contra parte, esto es algo entendible pero no comprensible, y con esto ha de tener que lidiar el Ejecutivo para tener “contentos” a todos las partes interesadas, en lo que corresponde a la participación en las mesas de trabajo; seguramente, y quiero pensarlo así, hubo un error de cálculo, el cual es subsanable pero a la vez poco manejable, en la medida en que van a existir mas partícipes.

El otro punto tiene que ver con la mecánica de las mesas de trabajo, cuando el tema de es urgencia como se da a entender, el procedimiento mas expedito es el de proponer y luego escuchar a los interlocutores, para que en una etapa posterior y una vez  “ajustada” la propuesta, siga con el trámite para la firma presidencial; es muy claro para el Ministerio, y así fue expuesto, que el proyecto se “discutiría nuevamente” muy eventualmente y de ser “necesario”.

Pues bien, si este es el mecanismo, tengo que concluir que efectivamente la sensación de varios de mis colegas es correcta, estas mesas de trabajo no tienen nada de deliberación y discusión, simplemente como algún participante lo comentó, “se trata de socializar una decisión ya tomada por el Gobierno y no somos mas que convidados de piedra”.

Lo anterior, queda evidenciado en los argumentos esbozados ante las preguntas que surgen en la interlocución, es decir, ante la inquietud de donde salen los números mágicos que determinan la conformación de por ejemplo, el Consejo Técnico de la Contaduría, la respuesta dada, es que se cree, se piensa, que con 4 miembros es suficiente, que el tema ya fue discutido con el Ministerio de Hacienda y otras instancias llegando a ese número, y que en ese sentido el tema ya está cerrado.

No sé si son  2, o 4, o 5 Consejeros, lo único que sé, es que no se puede determinar la estructura de una institución por pequeña o grande que ésta sea, a partir de intuiciones y restricciones presupuestales únicamente; es necesario y urgente que la decisión sea argumentada a partir de las verdaderas cargas que impone el reto, y eso por lo visto no esta claramente dimensionado.

Paliado el asunto del número mágico, es siguiente paso consiste en discutir la forma de elección de los miembros, la propuesta es muy precaria en este sentido, de los parágrafos del artículo 1, lo único que se concluye es que 1 representante será elegido por el Presidente de la República de ternas enviadas por diferentes entidades, nada nuevo esto ya lo había establecido la ley, pero con respecto a los otros tres integrantes no se dice mayor cosa.  El Ministerio aclaró que deben ser personas idóneas, de lo cual creo que no nos cabe a ninguno la mas mínima duda, ¿pero como se garantiza esto?, el procedimiento no es claro, y lo peor que podría pasar es que la elección quedara politizada, como en efecto se observa en algunos altos cargos del Estado.

Sería muy importante que la profesión se manifestara abiertamente sobre las propuestas, hoy veo con gran satisfacción, que el proyecto de decreto “por el cual se modifica la conformación, estructura y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones”, es público, como debe ser, y debemos de aportar en lo que esté a nuestro alcance para que la conformación y estructura de un ente eminentemente técnico esté a la altura de los retos que le plantea la ley.

Creo que las condiciones están dadas, hay un buen ambiente, el Gobierno tiene la voluntad; con las limitaciones ya comentadas, también se observa una participación activa de la profesión; hay que tratar eso sí, de ajustar algunas dinámicas para minimizar los riesgos que surgen en los procesos políticos de regulación.

Germán Eduardo Espinosa Flórez

Profesor Pontificia Universidad Javeriana

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