[Portafolio] No todos van a pagar (el nuevo Impuesto al Patrimonio)

Por: Portafolio

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Publicado: 3 de diciembre de 2009

No sin polémica, las comisiones terceras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron esta semana en sesión conjunta, una versión modificada del proyecto de Ajuste Tributario que fue presentado por el Gobierno hace tres meses. Como se recordará, la iniciativa busca extender el cobro del impuesto al patrimonio que expira el próximo año, extendiéndolo hasta el 2014.

Adicionalmente, el Ejecutivo pretende limitar un poco la deducción al impuesto de renta por concepto de reinversión de utilidades y evitar que en las zonas francas se acumulen los beneficios fiscales, que son muy superiores a los que reciben las personas jurídicas que no están en ellas.

En su conjunto, la llamada reforma ‘light’ tiene apenas quince artículos, lo cual explica que su trámite tenga lugar al final de la legislatura, cuando ya el reloj empieza a correr y el conocido ‘pupitrazo’ en las sesiones plenarias termina imponiéndose. Debido a esas circunstancias, el espacio para debatir la propuesta será limitado, pues las mayorías oficialistas han cerrado filas con el fin de conseguir que el voto resulte favorable.

Pero más allá de la certeza creciente respecto a la aprobación definitiva del texto salido de las comisiones, vale la pena analizar los cambios. Y es que los ponentes, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, decidieron introducirle un escalón más al texto original, que planteaba el cobro de una tarifa del 0,6 por ciento para los patrimonios líquidos superiores a los 3.000 millones de pesos. De tal manera, a partir de un nivel patrimonial de 5.000 millones de pesos, la tarifa será del 1,2 por ciento.

El resultado práctico de esa variación es que a las arcas del Gobierno ingresaría un billón de pesos más que lo presupuestado originalmente. En total, los estimativos hablan de ingresos fiscales cercanos a los 3 billones por año, a partir del 2011: 2,3 billones provenientes del impuesto al patrimonio y el saldo correspondiente a la menor exención por reinversión de utilidades.

Lo curioso es que justificación de la carga adicional no se ha dado. Para algunos, se trata de darle más espacio a posibles aumentos en el gasto público. Pero la mayoría piensa que el descenso en los recaudos tributarios ha sido superior al calculado y que esta es una manera de corregir, así sea parcialmente, el creciente desbalance en las finanzas públicas.

Sea cual sea la razón, lo sucedido ha vuelto a poner de presente que el sistema impositivo del país merece una cirugía de fondo. En contra de las recomendaciones de los expertos que preferirían una estructura simple, con una tasa baja y general para todos y sin el cúmulo de descuentos y beneficios actual, el Ejecutivo sigue insistiendo en que su modelo es el indicado. Sólo así, sostiene, será posible mantener la confianza inversionista y promover algunas actividades específicas.

Pero esa discusión no está cerrada. El ejemplo más claro tuvo lugar hace un par de días en el Capitolio, cuando el Ministro de Hacienda sostuvo que las 39 empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica hasta la fecha estarían exentas del nuevo gravamen. Esa afirmación generó grandes críticas de la oposición.

Por ejemplo, el representante Simón Gaviria afirmó que tal interpretación no sólo es errada, sino que le costará al fisco cerca de 200.000 millones de pesos por año, ya que una parte importante de los grandes contribuyentes no pagará un peso por este concepto. Además, el Parlamentario señaló que desde la fecha de presentación del proyecto, a finales de julio, se han firmado seis contratos, lo cual no parece lo más lógico.

Es cierto que para la mayoría de los colombianos ese debate puede parecer lejano. Al fin y al cabo, el total de personas naturales y jurídicas que pagarían el impuesto de patrimonio no pasará de las 10.000. Sin embargo, el asunto de fondo es la equidad. Y esa sensación de que son cada vez más los casos especiales que obtienen beneficios, sirven para desdibujar unas reglas que, en teoría, deberían ser de aplicación universal. Por ello, no le falta razón a quienes insisten en que la estructura tributaria existente en Colombia le quita legitimidad a un Estado que cobra a veces mucho y a veces poco, y cuyas cuentas siguen siendo frágiles.

Fuente: Portafolio