La iniciativa mundial para reducir el consumo dañino de alcohol se adoptó por consenso en la asamblea anual de los 193 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sus 10 principales recomendaciones, elaboradas después de dos años de debate, no son vinculantes, pero sirven como directrices para los países miembros.

‘El alcohol contribuye a provocar accidentes, problemas de salud mental, conflictos sociales y daños a terceros’, dijo Bernt Bull, asesor del Ministerio de Salud noruego.

Los países nórdicos, muchos de los cuales tienen fuertes restricciones a la venta de alcohol, lideraron la campaña en la OMS.  Un impuesto relativamente alto a las bebidas alcohólicas y regulaciones para limitar su disponibilidad están ayudando a reducir las enfermedades relacionadas con el alcohol en Noruega, sostuvo.

La agencia de Naciones Unidas estima que los riesgos vinculados al alcohol causan 2,5 millones de muertes al año por enfermedades del corazón y el hígado, accidentes de tránsito, suicidios y diversos tipos de cáncer, el 3,8 por ciento de todas las muertes.  Es el tercer factor de riesgo de muertes prematuras y discapacidades en todo el mundo.

‘El alcohol generalmente no es percibido como causante de muertes, pero lo es’, dijo Shekhar Saxena, director del departamento de salud mental y abuso de sustancias de la OMS, en una rueda informativa.

Pese al creciente abuso y el consumo en menores, la mitad de los miembros de la OMS no tienen una política nacional relacionada al alcohol, de acuerdo al experto de la agencia Vladimir Poznyak.  ‘Los mayores cambios podrían ocurrir en aquellos países que no tienen instituciones para controlar el alcohol o un marco regulatorio para el consumo’, dijo a periodistas.

Un tema de autorregulación

El Grupo Mundial de Productores de Alcohol, que representa a compañías líderes de cerveza, vino y licores, destacó que la estrategia reconocía la importancia de la autorregulación por parte de la industria para ayudar a combatir el abuso de alcohol.

Sus miembros admitieron ‘los efectos nocivos de los patrones irresponsables de consumo’ y dijeron que continuarán con los esfuerzos por promover la autorregulación de la publicidad y limitar el uso de alcohol al conducir, el consumo de menores y el uso excesivo.  Diageo, el mayor grupo mundial de bebidas alcohólicas, basado en Gran Bretaña, y Anheuser-Busch InBev, fabricante de Budweiser y la mayor cervecería del mundo, son algunos de sus miembros.

‘El consumo dañino de alcohol tiene un grave efecto en la salud pública y es considerado uno de los principales factores de riesgo para una mala salud en todo el mundo’, dijo el documento de la estrategia de la OMS.

Existe una fuerte evidencia de que aplicar un límite bajo de concentración de alcohol en sangre (del 0,02 al 0,05 por ciento) es efectivo para reducir los accidentes de tránsito inducidos por el alcohol, agregó.

Melvyn Freeman, del departamento de Salud de Sudáfrica, dijo que un sondeo reciente halló que el 29 por ciento de los estudiantes secundarios del país habían abusado del alcohol el mes anterior, un 6 por ciento más que en una encuesta seis años antes, señaló.  El consumo excesivo de alcohol también provocó encuentros sexuales sin protección, incluyendo sexo con múltiples personas.

La OMS logró aprobar un tratado de salud mundial para controlar el tabaco en el 2003 y ahora también está centrada en combatir la obesidad.

GINEBRA, REUTERS

Fuente: Cambio

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Esas contribuciones superan los 5,6 billones de pesos anuales (9 por ciento de las nóminas: 2 por ciento para el Sena, y 3 y 4 por ciento para el Icbf y las cajas, respectivamente). Algunos economistas consideran que semejante costo frena la creación de empleos y estimula la informalidad laboral y empresarial. Y proponen su eliminación o reducción porque lo consideran una carga para los empresarios. Su eventual desaparición podría estimular la generación de puestos de trabajo formales, tan necesarios en estos momentos de desaceleración de la economía internacional.

No hay que olvidar que en Colombia la desocupación aumentó 0,7 puntos en diciembre hasta llegar a 10,6 por ciento (2,1 millones de desempleados). En el periodo septiembre-noviembre de 2008, último periodo para el cual se dispone de información del Dane, en las 13 áreas metropolitanas investigadas el 57,6 por ciento de la población ocupada fue clasificada como informal, lo que equivale a cinco millones de trabajadores.

El ex ministro de Hacienda e investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry plantea reducir los parafiscales a la mitad y financiar a las entidades beneficiarias con el aumento de un punto en el IVA para amortiguar el efecto que tendrá la desaceleración de la economía sobre el desempleo y la informalidad.

La postura de Fedesarrollo coincide con la del presidente de Anif, Sergio Clavijo, quien de tiempo atrás ha venido abogando por el desmonte de la parafiscalidad para impulsar el empleo formal sin que ello signifique dejar sin recursos al Sena, al Icbf y a las cajas de compensación.

De ‘infames’ califica a los parafiscales el director del Instituto Libertad y Progreso, Andrés Mejía. Según dice, “Son impuestos que se cobran a la generación de empleo”, y no vacila en pedir su eliminación. En especial, si se tiene en cuenta que la crisis internacional cada día es más severa y tiene evidentes efectos negativos sobre el empleo.

Mauricio Santamaría, director adjunto de Fedesarrollo, asegura que los parafiscales sí causan desempleo e informalidad y considera que la recuperación de la economía, además de una dosis de déficit fiscal como política anticíclica, pasa por la desaparición de dichos aportes empresariales y reemplazarlos con otro impuesto, que puede ser el IVA. Sin embargo, lanza una propuesta con ‘pinta’ conciliadora: suspenderlos temporalmente, mientras pasa la tormenta, para después emprender una serena pero rigurosa discusión sobre el tema.

No obstante, ni antes ni ahora, y quizás ni después, es fácil que se adopte una medida defendible con argumentos técnicos pero poco viable por sus costos políticos. El Gobierno no está dispuesto a darse el lapo de siquiera abrir el debate sobre un eventual desmonte de los aportes parafiscales, los cuales “no pueden desaparecer”, según la sentencia del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien enfatiza que ninguno de los estudios hechos en el país “aporta evidencia clara de que una reducción de los parafiscales conduciría a un mayor empleo o a una mayor formalización”.

El ministro Palacio cita un estudio del investigador Hugo López en el que señala que una reducción de los parafiscales no tendría impacto significativo en el empleo nacional. Si los sectores productivos no requieren la mano de obra, agrega el Ministro, no la van a contratar así se les pague para ello.

En un ambiente de desaceleración se requieren medidas más imaginativas para evitar la destrucción de empleos y estimular la generación de puestos de trabajo. “Pueden quitar los parafiscales y no se soluciona nada”, comenta el director del Observatorio Laboral y de la Seguridad Social del Externado, Stefano Farné, no obstante que coincide con otros investigadores en que el trabajo está muy gravado. Para Farné, por justicia tributaria, el presupuesto nacional debería financiar al Icbf porque no es lógico que el bienestar de los niños solo lo paguen las empresas formales porque es una obligación de toda la sociedad. Respecto a las cajas de compensación, señala que podrían ser reestructuradas, y en cuanto al Sena, pensar en otra modalidad de financiación.

El presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, argumenta que la parafiscalidad es el aporte del 4 por ciento a las cajas, una parte del cual llega en dinero a los trabajadores de bajos ingresos (en el 2008 se entregaron 810.000 millones de pesos; el 81 por ciento de los beneficiarios ganaban menos de dos salarios mínimos), además de los servicios de educación, salud, recreación, entre otros.

Desmontar la parafiscalidad, advierte Cobo, es atentar contra la sostenibilidad financiera del sistema de protección social. Por lo demás, no sobra recordar que la Comisión de Concertación Laboral, donde tienen asiento los empleadores, los trabajadores y el Gobierno, se ha pronunciado en contra de la eliminación de los aportes parafiscales.

En conclusión: pocos dudan que el trabajo en Colombia está excesivamente gravado, y que los costos parafiscales atentan contra la generación de empleo. Pero su desmonte es casi un imposible.

Fuente: Revista Cambio

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El tema tiene implicaciones para Colombia, puesto que desde hace dos años más del 10 por ciento de la inversión extranjera directa que llega al país viene de Anguila, territorio británico de ultramar en el Caribe, que a su vez está en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos (OCDE).

El flujo desde Anguila a Colombia solo es superado por Estados Unidos. En efecto, el año pasado desde la isla se invirtieron 1.184,5 millones de dólares, y un año antes 1.019,9 millones. En otras palabras, por cada dólar que llegó de Estados Unidos, ingresaron 68 centavos desde Anguila.

La pequeña isla, de 91 kilómetros cuadrados, fue incluida en la lista de la OCDE desde el año 2000 y sigue allí, por haber aceptado compromisos que no ha cumplido pese a que el Reino Unido es parte de la Organización.

De acuerdo con expertos, cuando el flujo de inversión viene de un territorio con características de paraíso fiscal, hay mayores riesgos de que sean recursos de colombianos que tienen sociedades constituidas allí para evadir el pago de impuestos de patrimonio y de renta. De esta manera esconden bienes que a través de falsas sociedades extranjeras ingresan al país y les permiten, inclusive, legalizar recursos ilícitos.

Los llamados paraísos fiscales operan como centros financieros y tienen legislaciones que facilitan la llegada de dineros al país. Otra de sus características es que garantizan la reserva de la información sobre las cuentas, no tienen canales de intercambio de información con otros países y mantienen estrictamente el secreto bancario. “Estas características crean unas situaciones propicias para que la gente mantenga recursos en esos sitios o realice operaciones desde allí y evada impuestos”, dice el abogado Horacio Ayala, ex director de la Dian.

En estos centros se permite la creación de sociedades facturadoras, denominadas offshore, que se constituyen para poder realizar operaciones en el exterior y facilitan la evasión, mediante la intermediación simulada de operaciones entre países de tributación formal. Es decir, se realizan transacciones desde esos Estados, pero tienen lugar en otros países. Así se esconde el verdadero origen de las inversiones en tales países.

Sin dientes

Para evitar este tipo de situaciones, en Colombia se ha intentado tomar medidas por muchos años, pero la realidad es que la tarea no se ha completado. El ex director de la Dian explica que el primer intento se hizo con una ley en el 2002, que fue declarada inexequible porque la definición de paraísos fiscales era la misma de la OCDE, grupo al que no pertenece Colombia.

Pero en el 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley 803, mediante la cual se ordenaba tomar medidas para que el Gobierno creara un sistema de precios de transferencia, y así establecer los verdaderos precios de venta entre compañías vinculadas económicamente para que estos no pudieran acomodarse con el fin de bajar las tributaciones. Además, estableció que había que grabar con la tasa máxima de impuestos sobre la renta los pagos hechos en paraísos fiscales. 

 La ley dejó en manos del Gobierno la precisión sobre cuáles son los paraísos fiscales y la Dian preparó un borrador de decreto con la lista, que debería empezar a regir en 2004. Sin embargo, el tema fue olvidado por completo y por eso la ley no tiene aplicación en la actualidad.

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Fuente: Revista Cambio

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