Hace algunas semanas, los líderes del G-20 analizaron factores internos y externos que afectan el desempeño de las economías. Una de las decisiones que adoptaron fue la de tomar medidas para poner en cintura a los paraísos fiscales, que son países o territorios con leyes tributarias tan flexibles que permiten la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
El tema tiene implicaciones para Colombia, puesto que desde hace dos años más del 10 por ciento de la inversión extranjera directa que llega al país viene de Anguila, territorio británico de ultramar en el Caribe, que a su vez está en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El flujo desde Anguila a Colombia solo es superado por Estados Unidos. En efecto, el año pasado desde la isla se invirtieron 1.184,5 millones de dólares, y un año antes 1.019,9 millones. En otras palabras, por cada dólar que llegó de Estados Unidos, ingresaron 68 centavos desde Anguila.
La pequeña isla, de 91 kilómetros cuadrados, fue incluida en la lista de la OCDE desde el año 2000 y sigue allí, por haber aceptado compromisos que no ha cumplido pese a que el Reino Unido es parte de la Organización.
De acuerdo con expertos, cuando el flujo de inversión viene de un territorio con características de paraíso fiscal, hay mayores riesgos de que sean recursos de colombianos que tienen sociedades constituidas allí para evadir el pago de impuestos de patrimonio y de renta. De esta manera esconden bienes que a través de falsas sociedades extranjeras ingresan al país y les permiten, inclusive, legalizar recursos ilícitos.
Los llamados paraísos fiscales operan como centros financieros y tienen legislaciones que facilitan la llegada de dineros al país. Otra de sus características es que garantizan la reserva de la información sobre las cuentas, no tienen canales de intercambio de información con otros países y mantienen estrictamente el secreto bancario. “Estas características crean unas situaciones propicias para que la gente mantenga recursos en esos sitios o realice operaciones desde allí y evada impuestos”, dice el abogado Horacio Ayala, ex director de la Dian.
En estos centros se permite la creación de sociedades facturadoras, denominadas offshore, que se constituyen para poder realizar operaciones en el exterior y facilitan la evasión, mediante la intermediación simulada de operaciones entre países de tributación formal. Es decir, se realizan transacciones desde esos Estados, pero tienen lugar en otros países. Así se esconde el verdadero origen de las inversiones en tales países.
Sin dientes
Para evitar este tipo de situaciones, en Colombia se ha intentado tomar medidas por muchos años, pero la realidad es que la tarea no se ha completado. El ex director de la Dian explica que el primer intento se hizo con una ley en el 2002, que fue declarada inexequible porque la definición de paraísos fiscales era la misma de la OCDE, grupo al que no pertenece Colombia.
Pero en el 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley 803, mediante la cual se ordenaba tomar medidas para que el Gobierno creara un sistema de precios de transferencia, y así establecer los verdaderos precios de venta entre compañías vinculadas económicamente para que estos no pudieran acomodarse con el fin de bajar las tributaciones. Además, estableció que había que grabar con la tasa máxima de impuestos sobre la renta los pagos hechos en paraísos fiscales.
La ley dejó en manos del Gobierno la precisión sobre cuáles son los paraísos fiscales y la Dian preparó un borrador de decreto con la lista, que debería empezar a regir en 2004. Sin embargo, el tema fue olvidado por completo y por eso la ley no tiene aplicación en la actualidad.
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Fuente: Revista Cambio
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