Concepto 40686 de 24-04-2008

Por: actualicese.com

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Publicado: 24 de Abril de 2008

DIAN
CONCEPTO 40686
24-04-2008

Tema: Procedimiento
Descriptor: Suspensión de términos en favor de secuestrados.

***

DOCTORA
AMALIA ROMERO REYES
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA
CARRERA 15 N° 6-22
RICAURTE (CUNDINAMARCA)

REFERENCIA: CONSULTA RADICADO N° 9948 DE 22/02/2008.

Cordial saludo Doctora Amalia:
De conformidad con los artículos 11 del Decreto 1265 de 1999 y 10 de la Resolución 1618 de 2006, es función de este despacho absolver de manera general las consultas escritas que se formulen en relación con la interpretación y aplicación de las normas tributarias relativas a los impuestos de orden nacional que administra la entidad.

Se consulta si el cónyuge puede acogerse al beneficio de suspensión de términos previsto en el artículo 20 de la Ley 986 de 2005 cuando el otro cónyuge es víctima de un secuestro. Al respecto, el artículo 20 de la Ley 986 de 2005 dispone:

“ART. 20.—Suspensión de términos en materia tributaria. Cuando la presentación de declaraciones tributarias nacionales o territoriales correspondientes al secuestrado y el pago de los valores respectivos, no se realicen mediante agencia oficiosa en los términos previstos en la legislación, se suspenderán de pleno derecho los plazos para declarar y pagar, durante el tiempo de cautiverio y durante un periodo adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere su libertad. La suspensión también cesará cuando se establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta del secuestrado.

Modificado. L. 1175/2007, art. 2°—Cuando se aplique la suspensión definida en el inciso anterior, no se generarán sanciones ni intereses moratorios por obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, nacionales o territoriales, durante este periodo. El mismo tratamiento cobija al cónyuge y los familiares que dependan económicamente del secuestrado hasta segundo grado de consanguinidad.

Durante el mismo periodo, las autoridades tributarias no podrán iniciar procesos de cobro coactivo, ni juicios ejecutivos, y se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro”.

Es así como se creó mediante la Ley 986 de 2005 un sistema de protección no solo a la víctima del secuestro sino también a su familia y a las personas que dependan económicamente del secuestrado para los efectos patrimoniales y sociales definidos en la ley.

Para los efectos previstos en la citada norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 ibídem, se interrumpen para el deudor secuestrado, de pleno derecho y retroactivamente a la fecha en que ocurrió el secuestro, los términos de vencimiento de todas las obligaciones dinerarias, tanto civiles como comerciales, que no estén en mora antes de la ocurrencia del secuestro.

Las respectivas interrupciones, tendrán efecto durante el tiempo de cautiverio y se mantendrán durante un periodo adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que el deudor recupere su libertad. También cesarán los efectos de las interrupciones desde la fecha en que se establezca la ocurrencia de la muerte real o se declare la muerte presunta del deudor secuestrado.

En materia tributaria, la suspensión de los términos para la presentación y pago de las declaraciones tributarias nacionales o territoriales, cuando no se realiza a través de agente oficioso, opera de pleno derecho durante el tiempo del cautiverio y durante un tiempo adicional a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere su libertad. La suspensión también cesará cuando se establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta del secuestrado.

Concordante con los fines previstos en la Ley 986 de 2005 y teniendo en cuenta que el sistema de protección se extiende a los familiares y a las personas que dependan económicamente del secuestrado, el legislador modificó el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 986 de 2005 a través de la Ley 1175 de 2007 para así de manera expresa disponer:

“El mismo tratamiento cobija al cónyuge y los familiares que dependan económicamente del secuestrado hasta segundo grado de consanguinidad”.

Es decir, el beneficio opera de pleno derecho también para el cónyuge y los familiares que dependan económicamente del secuestrado hasta segundo grado de consanguinidad por el término del cautiverio y durante un periodo adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere su libertad.

Para acceder a los instrumentos de protección que otorga la ley, la suspensión de los términos para declarar y pagar los impuestos del orden nacional o territorial, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la Ley 986 de 2005.

Cabe precisar que conforme con lo establecido en el inciso 3° del artículo 20 de la Ley 986 de 2005 durante el mismo periodo, las autoridades tributarias no podrán iniciar procesos de cobro coactivo, ni juicios ejecutivos, y se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro.

La jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria,
Isabel Cristina Garcés Sánchez

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1 Comentario »

juan sergio barrera niño - Viernes 6 de Junio de 2008 a las 5:10 pm

Me refiero a la deficiente redacción de las normas objeto de interpretación, y al concepto mismo.
El art. 20 de la ley 986, suspende términos para declarar y pagar en materia tributaria a los secuestrados,en las condiciones allí señaladas.
La ley 1175 al crear efectos de la anterior suspensión, incurre en dos impropiedades. a) al generalizar “no se generan sanciones…. habrá que incluir inexactitud, lógicamente extemporaneidad et. ( para ventas, timbre, prediales etc ), durante este período”.
Al indicar que no se inician procesos de cobro coactivo, ocurren dos fenómenos. A) por sustracción de materia, no se pueden iniciar estos procesos, pues no hay obligación dineraria de plazo vencido que se hayan causado durante el período de pérdida de la libertad. B). como se pretende también garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, se crea una nueva causal de interrupción del término de prescripción, modificando asi el artículo 818 del Estatuto Tributario.

El concepto, enfatiza el sistema de protección creado, extendiéndose a su familia y personas que dependan económicamente del secuestrado, en una interprettación demasiado laxa, que amplía el campo de aplicación de la ley, ( ésta lo creó para el cónyuge, y familiares que dependan econçómicamente del secuestrado.
La redacción del concepto llama entonces a confusión cuando dice que la 986 extiende el beneficio adem´as a los familiares, a las personas que dependan económicamente del secuestrado, para rematar transcribiendo la parte pertinente de la 1175 que lo atribuye al cónyuge y familiares que dependan económicamente……..
En síntesis, el legislador e intérprete no son claros al hablar de suspensión e interrupción, fenómenos jurídicos con alcances y efectos totalmente diferente. Termina el concepto, reiterando que no se podrán iniciar procesos y se interrumpe el término de prescripción. es obvio que si hay un plazo ampliado, no hay exigibilidad de la obligación, condición sine qua nom para iniciar cobro coactivo. Y remata el concepto diciendo que interrumpe el término de prescripción; se pregunta entonces si se puede interrumpir un término que no ha empezado a correr.
Juan S. Barrera

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