Hoy, martes 13 de mayo de 2008, la DIAN publicó en su página de Internet el texto de su resolución 3847 de fecha abril 30 de 2008 y en la cual señala cuál es la Información Exógena Tributaria del art.631 del ET que le ha de ser entregada durante el 2009 por el año gravable 2008 .

Lo anterior constituye un verdadero rompimiento del esquema tradicional que ha mantenido la DIAN en los años mas recientes, pues solo en los meses de octubre es cuando se emitían normalmente dichas resoluciones.

Pero hay razones para esta “madrugada”: ahora van a ser muchos más los que deben reportar Inf. Exógena

En esta nueva resolución se produjeron verdaderos cambios importantísmos en lo referente a los tipos de reportantes y el tipo de información que le ha de ser entregada.

Por ejemplo, el tope de ingresos brutos obtenidos en dic de 2007 para estar obligado a entregar los reportes con la información del 2008 ya no será de $1.500.000.000 sino de 800.000.000; y los pagos hechos a terceros que se reportarán no serán los que acumulen $1.000.000 sino $100.000.

Esta importante normatividad la estaremos comentando más detenidamente en una siguiente entrega.

Hay dos tipos de incapacidades en un trabajador:

• Incapacidades por enfermedad o accidente (por origen común o “no-profesional”, como una gripa, un accidente en casa, una apendicitis),
• Incapacidades de carácter profesional (son las que se relacionan con situaciones propias del trabajo que se desempeña, razón por la cual se produce la enfermedad o el accidente, como laborar en calderas, en donde se produce una quemadura).

Es de las primeras de las que nos ocuparemos aquí:

¿Cuándo pagan las EPS y cuando el empleador?

Como ha sido anotado y reseñado en repetidas ocasiones por parte de la honorable Corte Constitucional, “el pago no es solamente una forma de remuneración del trabajo sino una garantía para su salud, quien podrá recuperarse satisfactoriamente -como lo exige su dignidad humana- sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”.

De esto, se desprende que la obligación de pagar estas incapacidades está repartida entre el empleador y la EPS.

Los primeros 3 días de incapacidad corren por cuenta del empleador

Cuando la persona es incapacitada por el médico de la EPS por 1, 2 o hasta 3 días, esta no será pagada por la EPS: la obligación recae únicamente en el empleador, quien debe cancelar los salarios de tales días y no descontarlos (como algunos acostumbran).

Ahora, si la incapacidad es superior a 3 días, la EPS debe pagarla desde el 4 día en adelante.

Por 180 días o más, entra a pagar el Fondo de Pensiones

La responsabilidad económica del pago de la EPS se extiende solo por los primeros 180 días de incapacidad, si esta sobrepasa ese tiempo, a partir del día 181 estará a cargo su pago por parte del Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliado el trabajador; dicho fondo deberá iniciar paralelamente el proceso de calificación de la  invalidez ante la junta respectiva según la gravedad de la enfermedad o recuperación.

La EPS debe pagar el 66.66% del salario diario de la incapacidad del 4to día en adelante para SDMLV mayores al mínimo

(SMDLV = Salario Diario Mínimo Legal Vigente)

Esto es importante: para quienes aportan sobre la base de un salario mínimo o una suma superior, la EPS no deberá pagar por debajo del salario mínimo diario legal vigente, según sentencia de la Corte Constitucional.

La única forma en que se puede cancelar sobre el porcentaje del 66.66% es que el salario base de cotización sobrepase el valor mínimo de un día de trabajo en Colombia.

En plata blanca,  esto significa que bajo ninguna circunstancia una persona que se le da una incapacidad puede recibir por cada día de incapacidad una suma inferior al SDMLV.

Un ejemplo vale más que mil palabras

Vamos a plantear tres escenarios, partiendo de las siguientes premisas:

• El trabajador tuvo una incapacidad médica “no-profesional” (no relacionada con asuntos laborales) por 13 días
• Como dijimos antes, del día 1 al 3, el empleador paga la incapacidad.
• Del día 4 al 13 (10 días) los paga la EPS.

1er caso: un empleado que gana el mínimo ($461.500)

• Salario base de cotización: $ 461.500
• Valor del salario de 10 días: (461.500/30) x 10 = $ 153.833
• Valor que debe cancelar la EPS: $ 153.833
  (Ojo: la Corte Constitucional ratifica en su Sentencia C-543/07 que se debe pagar el 100% del valor del SDMLV si la base de liquidación es de un salario mínimo)

2do caso: un empleado que gana $600.000

• Salario base de cotización: $ 600.000
• Valor del salario de 10 días: (600.000/30) x 10 = $ 200.000
• Valor que debe cancelar la EPS: $ 153.833
  Ojo: aquí hay que poner mucha atención, pues la EPS debería cancelar el 66.66% de $200.000 ($133.200).  Pero esta cifra es menor al SDMLV que se le debería pagar al empleado ($ 153.833). Por ello, la EPS debe cancelar realmente el 100% del SDMLV de esos diez días ($153.833). Esta es la base de la en su Sentencia C-543/07 de la Corte Constitucional que mencionábamos arriba.

3er caso: un empleado que gana $1.000.000)

• Salario base de cotización: $ 1.000.000
• Valor del salario de 10 días: (1.000.000/30) x 10 = $ 333.333
• Valor que debe cancelar la EPS: ($ 333.333 x 66.66%) = $ 222.200
  Este valor corresponde al 66.66% del SDMLV que le corresponde al empleado. Para quienes coticen más, se calcula de la misma forma.

¿Cuándo se pagan estas incapacidades?

Esto da para un texto más completo, pero hagamos un resumen: el empleador sólo está obligado a pagar los tres primeros días, y el desembolso del dinero que corresponde a la EPS puede hacerse una vez esta haya emitido el pago correspondiente (que lo hace directamente al empleador).

Sin embargo muchos empleados –por cuestiones más humanas que legales- hacen este cálculo y liquidan el adelanto del dinero para pagar en las quincenas correspondientes, y no esperan el tiempo del trámite que le toma a la EPS hacer este desembolso. Pero esto no es obligatorio, lamentablemente.

Para descargar este documento en Word, haz click aquí(28Kb)

Desde hace tiempo ha existido en el Estatuto Tributario las normas de los artículos 81 y 81-1, las cuales disponen que cuando un contribuyente incurre en costos y gastos por concepto de intereses y demás gastos financieros, en tal caso la parte de ese costo o gasto que corresponda a lo que la norma denomina el  “componente inflacionario” sería la parte no deducible en la Declaración de Renta.

Esa disposición, mientras estuvieron vigentes los ajustes por inflación fiscales (ajustes que se aplicaron entre los años 1992 a 2006 fueron derogados con la Ley 1111 de dic. de 2006), solo la tuvieron que aplicar los contribuyentes que no estuvieran obligados a la aplicación de dichos ajustes por inflación (nota: los que no estaban obligados a aplicar tales ajustes estaban mencionados en el art.329 del ET, artículo que hoy en día está derogado).

En consecuencia, para los que sí estuvieron obligados a aplicar los ajustes por inflación fiscales, todo el costo o gasto por intereses (mientras no excediera de la tasa de usura certificada por la Superfinanciera. Ver art.117 del ET), era un costo o gasto deducible en su totalidad.

Pero hoy y luego de que se eliminaran los ajustes por inflación fiscales, solo las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad son las que tienen que seguir sujetas a que la parte del “componente inflacionario” que esté implícita en sus costos y gastos por intereses, la tienen que tratar como un gasto no deducible (ver art.41 del ET, modificado con art.68 de la ley 1111/06).

El componente inflacionario varía dependiendo de la moneda en que está pactada la deuda que originó los intereses

Sin embargo, lo interesante de este tema es que dependiendo de si el costo o gasto por intereses en que se incurrió fue originado sobre deudas en moneda nacional o en moneda extranjera, asimismo llegará a ser notoriamente diferente el valor del “componente inflacionario” que se tiene que calcular sobre el respectivo costo o gasto. Ello afecta la deducibilidad de los intereses que se llevarían a la Declaración de Renta.

Para aclarar lo anterior, tenemos que citar lo que dice el art.81-1 del ET en el cual se lee lo siguiente:

“ARTÍCULO 81-1. COMPONENTE INFLACIONARIO QUE NO CONSTITUYE COSTO. Para los fines previstos en el artículo 81 del Estatuto Tributario, entiéndase por componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre la tasa de inflación del respectivo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa promedio de colocación más representativa en el mismo período, según certificación de la Superintendencia Bancaria.

Cuando se trate de costos o gastos financieros por concepto de deudas en moneda extranjera, no será deducible en los porcentajes señalados en el mencionado artículo, la suma que resulte de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre la inflación del mismo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa más representativa del costo promedio del endeudamiento externo en el mismo año, según certificación del Banco de la República”.

Como se ve, con el  inciso primero de esta norma se estaría indicando que si la deuda que originó el interés es una en moneda nacional, en ese caso el “componente inflacionario” sale de tomar la tasa promedio de inflación del respectivo año gravable y dividirla entre la tasa de interés para colocación de créditos más representativa en el mismo periodo.

Haciendo dicho cálculo para el año gravable 2007, el Ministerio de Hacienda, en el art.3 del dec.636 de marzo  2008, indica que el resultado de esa división dio como resultado un 28,77%. En consecuencia, en las Declaraciones de Renta del 2007 las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad, y que piensen deducir (o quizá capitalizar en sus activos fijos) los intereses originados en deudas en moneda nacional, solo podrán deducir el 71,23% de dichos intereses pues el otro 28,77% no es deducible.

Pero en caso de que la deuda que originó el interés haya sido adquirida en moneda extranjera, en ese caso se debe aplicar lo que dice el inciso segundo de la norma que ya citamos. Y allí se indica que en tal caso el componente inflacionario sería igual a tomar la tasa promedio de inflación del año gravable y dividirla entre la tasa más representativa del costo promedio de endeudamiento externo del mismo año.

Lo grave del asunto es que haciendo dicho cálculo para el año gravable 2007, en el mismo art.3 del dec.636 de marzo de 2008 se indicó que el resultado de esa división de tasas da como resultado un 100%. Ello significa entonces que en las Declaraciones de Renta del 2007 las personas naturales que tengan intereses originados sobre deudas en moneda extranjera no podrán deducir (o capitalizar) ninguna parte de tales intereses pues el 100% de ellos se consideran equivalentes al “componente infacionario” y por tanto son 100% no deducibles.

Esta misma situación ya había acontecido en los años gravables 2006 y 2005 (ver decretos 873 de marzo 2007 y 530 de febrero de 2006. Consulta nuestra herramienta gratuita “parámetros"). Por consiguiente, quedaría claro que hoy día para las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad, si están obligadas a declarar renta,  no es conveniente el estarse endeudando en moneda extranjera, pues los intereses que cancelen en tales deudas no les sirven para rebajar el valor de su impuesto de renta.

***

Material Relacionado:

Actualidad:

• ¿Cuáles Personas Naturales se convertirán en Declarantes de Renta por el Año Gravable 2007? - Primera Parte
• ¿Por qué es importante no dejar para última hora la Declaración de Renta 2007 de las Personas Naturales?

Producto:

• Declaración de Renta 2007 para Personas Naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad

De acuerdo con lo indicado en art.203 del Código de Comercio, todo tipo de sociedad anónima, sin importar si es una sociedad anónima verdaderamente abierta (es decir, con múltiples accionistas que no se conocen entre sí) o si es una sociedad anónima pequeña (en la que los accionistas son a veces los miembros básicos de una misma familia, es decir, padre e hijos) son sociedades obligadas a nombrar a un Contador P úblico para ejercer el cargo de Revisor Fiscal.

Al respecto, se entiende que el Revisor Fiscal es una figura al servicio de los accionistas de la empresa, pues es nombrado y removido libremente por estos y se le asigna principalmente la tarea de examinar la labor de los administradores de la sociedad a lo largo de un ejercicio contable, para comprobar si tales actos se ajustan o no a los estatutos de la sociedad y a las leyes laborales, tributarias y de otro tipo vigentes en Colombia (ver art.207 del Código de Comercio).

Siendo ese el caso, es importante que se reflexione qué tan trascendental podrá ser esa labor encomendada al Revisor Fiscal si sucede que en la sociedad anónima, para la cual lo contratan, el accionista mayoritario es al mismo tiempo el que ocupa el cargo de representante legal o administrador de la compañía.

Cuando el accionista mayoritario es a la vez el mismo representante legal se afecta la idoneidad de la Revisoría Fiscal

Nos referimos al típico caso, que abunda en Colombia, en el cual las sociedades por acciones son de familia (solamente los 5 accionistas básicos), y en los cuales papá o mamá tienen el doble cargo: ser el accionista mayoritario y ocupar el cargo de representante legal (incluso, los otros accionistas son a veces los hijos menores de edad que no entienden ni siquiera sobre lo que es la existencia de una sociedad comercial).

Es apenas claro que en un escenario como esos, la Revisoría Fiscal va a tener que estar revisando la labor del mismo que lo contrató ¿Afecta dicha situación la profundidad e independencia mental con la que el Revisor Fiscal debe hacer su trabajo? Es facil pensar que sí. Y hasta cabe la pregunta adicional, ¿le interesará leer a los accionistas al final del año un dictamen de un Revisor Fiscal que a lo largo del año ya los había estado fiscalizando a ellos mismos, y que les dará una opinión sobre unos Estados Financieros que fueron preparados en la práctica por los mismos accionistas?

Lo que se demuestra en la práctica es que en esos tipos de sociedades anónimas (muchas de las cuales son solo “de papel”, pues ni siquiera desarrollan una verdadera actividad económica) la labor del Revisor Fiscal queda reducida simplemente a la labor de revisar y firmas las declaraciones tributarias o cualquier otro documento legal que le pidan las entidades externas con las que se relacione la sociedad. Como quien dice, se vuelve un cargo pagado por la sociedad pero al servicio del Estado o de otros entes legales exteriores.

Lo delicado del asunto es que si un contador solo ejerce el cargo de Revisoría Fiscal en este tipo de sociedades y no lo hace en las sociedades que sí sean verdaderamente abiertas (con accionistas distintos a sus administradores), ello puede entonces significar un estancamiento en el desarrollo de sus verdaderas capacidades profesionales (desarrollo que muchos prefieren sacrificar con tal de tener asegurados algunos honorarios fijos, aunque sean pequeños).

De esta manera, queda la evidencia de que el cargo de la Revisoría Fiscal solo toma verdadera trascendencia en las sociedades anónimas abiertas, en las cuales la administración no corresponda a los mismos que sean accionistas. O que si se ejerce en sociedades anónimas que sean pequeñas, lo ideal es que los accionistas no sean al mismo tiempo sus administradores.

Quizás algún día se de este tipo de cambios en nuestra legislación comercial colombiana y cuando eso suceda tendríamos que estar preparados.

***

Material Relacionado:

Actualidad:

• Los topes que obligan a nombrar un Revisor Fiscal se deben revisar cada año
• El dilema de ofrecer diferentes servicios a un mismo cliente a través de distintas sociedades de contadores

Especiales:

• Sobre Sociedades Anónimas - Primera Parte: Ventajas sobre otros tipos de sociedades
• Sobre Sociedades Anónimas - Segunda Parte: ¿Por qué nos retan en el plano ético?

Herramientas:

• Modelo en Word de Dictamen sin salvedades que la Revisoría Fiscal expediría para el cierre del periodo 2007

Hoy, cuando se quiere aclarar si un bien corporal mueble que se importe, o que se produzca o que se comercialice, es un bien que está, o no, excluido del IVA, lo que se hace es examinar si dicho bien figura o no en la lista de bienes excluidos del IVA contenida en el art.424 del ET (nota: en los demás artículos siguientes al 424 del ET, es decir, en los art. 424-2 a 428-1 también se incluyen algunos bienes que se tratarían como excluidos el IVA, pero la lista principal está contenida en el art.424).

Sin embargo, cuando se examina esa lista de bienes excluidos del IVA, contenida en el art.424, lo que encontramos es que junto al nombre de los bienes se incluyen una serie de códigos especiales, algunos con más dígitos que otros. ¿En qué consisten tales códigos?; ¿por qué es importante conocer la interpretación que se deben dar a los mismos?

La respuesta a las anteriores inquietudes se haya en el Concepto Unificado del IVA emitido por la DIAN en junio de 2003. En dicho concepto, y más exactamente en título II (Hechos generadores del impuesto sobre las ventas), capítulo II (Hecho generador en la venta de bienes), y el numeral 1.1.2.1 (criterios para la determinación de los bienes excluidos), se explica lo siguiente:

“Para efectos de la exclusión del impuesto sobre las ventas de unos determinados bienes, la Ley acoge la nomenclatura arancelaria NANDINA vigente. La Ley establece dicha metodología con el objeto de señalar de manera precisa los bienes a que se refiere.

Conforme con dicha nomenclatura se han adoptado criterios de interpretación general sobre los bienes que comprenden una determinada partida arancelaria, así:

a) Cuando la Ley indica textualmente la partida arancelaria como excluida, todos los bienes de la partida y sus correspondientes subpartidas se encuentran excluidos;

b) Cuando la Ley hace referencia a una partida arancelaria pero no la indica textualmente, tan sólo los bienes que menciona se encuentran excluidos del Impuesto sobre las ventas;

c) Cuando la Ley hace referencia a una partida arancelaria citando en ella los bienes en forma genérica, los que se encuentran comprendidos en la descripción genérica de dicha partida quedan amparados con la exclusión;

d) Cuando la Ley hace referencia a una subpartida arancelaria sólo los bienes mencionados expresamente en ella se encuentran excluidos;

e) Cuando la partida o subpartida arancelaria señalada por el legislador no corresponda a aquella en la que deben clasificarse los bienes conforme con las Reglas Generales Interpretativas, la exclusión se extenderá a todos los bienes mencionados por el legislador sin consideración a su clasificación;

f) Cuando la ley hace referencia a una subpartida arancelaria de diez (10) dígitos, únicamente se encuentran excluidos los comprendidos en dicha subpartida.

La División de Arancel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la oficina competente para señalar la clasificación arancelaria de los bienes, teniendo en cuenta composiciones químicas, características fisicoquímicas y procesos de obtención entre otros.”

Como vemos, los códigos que figuran en el artículo 424 del ET son los mismos códigos de las “partidas” y “subpartidas” arancelarias con que la DIAN identifica los bienes corporales muebles que se lleguen a importar al pais o que se produzcan aquí mismo en Colombia.

Así las cosas, para los que no tienen la certeza de si cierto bien con el que quieren trabajar es o no un bien excluido, de lo que primero se tienen que asegurar es de conocer el código de clasificación arancelaria nandina que le corresponda al mismo, y luego sí hacer la busqueda de dicho código o subcódigo (entiéndase como partida o sub-partida) en la lista de los bienes excluidos del IVA, usando para ello los criterios explicados por la DIAN y que acabamos de citar (nota: la palabra “nandina” es una abreviación para referirse a Las Naciones de la Comunidad Andina).

Pero para conocer cuál es entonces el código de la partida o subpartida arancelaria de un bien, ya no es necesario escribir a la División de Arancel de la DIAN solicitando que nos dé a conocer cuál es la partida que le corresponde al bien, sino que se puede utilizar uno de los más recientes servicios informáticos electrónicos gratuitos que la DIAN puso en funcionamiento en su portal de Internent y se denomina Consulta del Arancel.

Ese es por tanto uno de los servicios informáticos electrónicos ofrecidos hoy día por la DIAN que agiliza mucho la labor de aclarar si cierto bien, es o no, excluido del IVA.

***

Material Relacionado:

Actualidad:

• Clasificación actual de los Bienes Corporales Muebles en relación con el Impuesto sobre las Ventas

Normatividad:

• Concepto DIAN unificado del IVA 001 de junio de 2003

Herramientas:

• Plantilla en Excell para hacer el borrador de la Declaración de IVA durante el 2008
• Cartilla instructiva DIAN para Declaración de IVA a presentarse durante el 2008
• Cartilla instructiva DIAN para la utilización de su servicio Consulta de Arancel

Desde cuando fue establecido el Impuesto al Patrimonio contemplado en los artículos 292 a 298-3 del ET (los cuales fueron creados con el art.17 de  Ley 863 de dic. de 2003 y luego varios de ellos fueron modificados con los artículos 25 a 30 de la ley 1111 de dic. de 2006), las normas que lo regulan han sido claras en indicar que si un sujeto pasivo del impuesto posee acciones y aportes en una sociedad comercial, en ese caso tales acciones y aportes las podrá disminuir de la base sobre la cual liquidará su impuesto.

En efecto, en el art.295 del ET dice hoy en día lo siguiente:

“ARTÍCULO 295. BASE GRAVABLE: La base imponible del impuesto al patrimonio está constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1o de enero del año 2007, determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos veinte millones de pesos ($220.000.000) del valor de la casa o apartamento de habitación.”

(el subrayado es nuestro)

La razón para ello es simple equidad tributaria, pues como las sociedades comerciales están sujetas al Impuesto al Patrimonio, lo que terminaría sucediendo es que si el patrimonio de una sociedad comercial se convierte en la base sobre la cual liquidaría el impuesto al patrimonio, es claro, entonces, que ese patrimonio sujeto al impuesto está compuesto principalmente por las acciones y aportes que los accionistas y/o socios de tal sociedad tienen a su vez denunciados entre sus propios activos y con lo cual están inflando su patrimonio líquido, el cual podría llegar a estar gravado con el Impuesto al Patrimonio. Por consiguiente, no es lógico pagar dos veces impuesto sobre lo que en la práctica es un mismo patrimonio.

Con los aportes en cooperativas se rompe la equidad tributaria

Sin embargo, cuando se redactó el artículo 295 del ET antes citado, la norma no fue redactada contemplando la realidad de que las cooperativas (que son un ente jurídico distinto de las sociedades comerciales), son entidades que también están sujetas al impuesto al patrimonio (ya que son contribuyentes del Impuesto de Renta, y aunque pertenecen al régimen tributario especial, sucede que están enunciadas en el numeral 4 del art.19 del ET; por tanto no caben dentro de la lista de entidades exoneradas del impuesto al patrimonio mencionadas en el art.297 del ET).

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo que ya explicamos en el caso de las acciones y aportes poseídos en sociedades comerciales, si el patrimonio de las cooperativas ha estado sujeto al impuesto al patrimonio, los que sean sus asociados y que estén obligados a liquidar ellos mismos el impuesto al patrimonio también deberían poder disminuir los aportes que posean en las cooperativas.

Pero por causa de la literalidad del art.295 del ET (en donde solo se permite restar las acciones y aportes poseídos en sociedades y no los aportes en cooperativas) ha sucedió que, hasta la misma DIAN tenga que aceptar el hecho de que no es posible restar de la base del cálculo del impuesto al patrimonio los aportes poseídos en coopeartivas (ver concepto DIAN 20835 de abril 12 de 2004).

Ya está en curso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma

Es decir, el art.295 del ET está violando a todas luces la equidad que debe existir en las normas tributarias. Así lo exige el artículo 363 de la Constitución Política Colombiana, y fue por ello que hoy ya está en curso ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el art.28 de la Ley 1111 de dic. de 2006 que fue la norma más reciente con la cual se modificó el texto del art.295 del ET que aquí hemos comentado.

En relación con dicha demanda de inconsitucionalidad, hasta la propia Procuraduría General de la Nación en su Concepto 4533 del 21 de abril de 2008, estuvo de acuerdo en que la norma en cuestión viola la equidad tributaria.

En vista de lo anterior, de llegar a producirse el fallo de inexequibilidad sobre la parte pertinente del art.28 de la Ley 1111 de dic. de 2006, habría lugar a que se pueden restar, en las bases del Impuesto al Patrimonio que se liquidarían en enero de 2009 y 2010, los aportes que los sujetos de dicho impuesto tenían en cooperativas el 1 de enero de 2007.

Recuérdese que el impuesto se causa el 1 de enero de cada uno de los años 2007 hasta 2010, pero la base siempre es la misma, es decir, el Patrimonio Líquido poseído a enero 1 de 2007 (consulta nuestro anterior editorial “¿Quiénes liquidarán Impuesto al Patrimonio en 2008?”). En consecuencia, si el fallo de la corte no tiene retroactividad, solo se podrá aplicar a los impuestos que se causen en 1 de enero de 2009 y 2010, pues los que ya se causaron en 1 de enero de 2007 y 2008 no se verían afectados con el fallo.

***

Material Relacionado:

Actualidad:

• ¿Quiénes liquidarán impuesto al patrimonio en 2008?
• Por el 2008 se tendrá que volver a presentar una Declaración de Impuesto al Patrimonio exacta a la del 2007
• ¿Cómo deberá efectuarse la causación del nuevo Impuesto al Patrimonio?

Fuente: Ministerio de Protección Social

Sin embargo (y esto es lo paradójico), aunque el vencimiento de esta exigencia está fechado en Enero de 2011, los contadores encuestados no desean que el plazo se alargue.

El Reporte puede ser visto aquí (en Inglés).

Y la noticia completa puede ser vista en CNW Group.

Para descargar este documento en Excel , haz click aquí(176Kb)