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En los debates de la sonada Ley de Garantías electorales, la oposición argumentaba que con un presidente en campaña, sería difícil distinguir entre los actos de gobierno y los electorales; finalmente la ley fue aprobada y posteriormente declarada exequible por la corte Constitucional. Pero la idea y el temor de los posibles abusos de la posición del presidente subyacieron.

Pues bien, la discusión del salario mínimo trajo tempranamente un campanazo en este sentido; el pasado 11 de diciembre, el presidente Álvaro Uribe en la reunión de seguimiento a los programas sociales en Cartago pidió un “aumento” generoso del salario mínimo de los ciudadanos.

Algunos sectores de la oposición alertaron que esto podría quedarse sólo en populismo y arengas de campaña, pues el presidente sólo dio una opinión pero no se atrevió a dar una cifra concreta; recordemos que el ministro de Hacienda propuso tan sólo el 4,5% , menor al 5,7% ofrecida por los empresarios, y menos de la mitad de lo pedido por las centrales obreras.

En las negociaciones de este martes 13 de diciembre, las negociaciones volvieron a estancarse por desavenencias entre las centrales. La CUT y la CTC pedían un aumento del 10% . La CGT propuso el lunes un incremento de 8,5%, cifra no avalada por los otros sindicatos. Sin embargo, 8,5% sigue siendo un valor mucho menor que el 25% otorgado a los cargos públicos recientemente.

Por eso, el discurso presidencia parece un baldado de agua fría para los empresarios, y crea polémica en un momento en que la negociación parece haberse estancando. Las palabras concretas del presidente Uribe fueron:

«Puntos para una decisión generosa en salario minino: Primero, la productibilidad en el país ha crecido bastante. Segundo, punto para una decisión generosa en salario mínimo: La pequeña empresa ha tenido buenos resultados (…) Tercer punto para una decisión generosa en materia de salario mínimo: Se han reducido en Colombia, los costos de las tasas de interés, entonces, es lógico, que a medida que se reduzca los costos financieros, parte de ese beneficio llegue a los trabajadores vía salario, esa es una transferencia de ingresos financieros a ingresos laborales que la necesita el país.»

El presidente parece contradecir el discurso de su ministro de Hacienda, quien ha reiterado en numerosas ocasiones en estas últimas semanas que más del 5,7%, unos 2 puntos por encima de la inflación no se pueden otorgar, porque esto sería favorecer la informalidad; al margen de quién toma las decisiones en el gobierno, lo claro es que el presidente nuevamente le está llevando la contraria a sus ministros y en este sentido, la opinión pública se pregunta, a quién creerle, y si esta no será, más que una política de gobierno, una movida electoral.

Uribe también recordó que en los últimos años se han hecho dos reformas laborales, una en el 90 y otra en el 2002: « y se buscaba con ambas, no solamente estimular la creación de empleo, sino también poder desatrancar, poder superar unos obstáculos que se oponían a la elevación de salario. (…) Yo diría pues, que hay una serie de aspectos positivos para ponderar, y hay un aspecto negativo que es el deterioro de los ingresos de los exportadores».

Qué dicen Las centrales Obreras

El dirigente sindical Julio Roberto Gómez, en entrevista para la W, celebró la propuesta del Presidente Uribe puesto que puede allanar el camino en procura del acuerdo; Gómez citó el informe sobre productividad en Colombia que arroja un promedio de crecimiento en los últimos años del 2.5% aproximadamente.

«Si tenemos en cuenta que este año el sector financiero ganó 3 billones en lo que va corrido del año, al sector productivo en general le ha ido muy buen, yo creo que ese llamamiento del presidente coincide con la posición de las centrales obreras en cuanto a que haya un incremento saliarial por encima de la inflación y que paulatinamente vayamos recuperando capacidad de compra en los salarios de los trabajadores» expresó el sindicalista.

Según un reciente estudio de la OIT, la productividad de los trabajadores colombianos en cada hora de labor creció a un ritmo anual de 1% desde 1980 hasta 2003. En otras palabras, un trabajador aporta 27% más de productividad, que hace 24 años, y sin embargo, a 2004 ese mismo trabajador ganó un sueldo cuyo poder de compra era sólo 8,7% por ciento superior al devengado en 1980.

La anhelada Reforma Tributaria

Otro tema que operará como un termómetro social de las decisiones presidenciales es indudablemente la reforma Tributaria, cuyo texto se viene ‘cocinando’ en el ministerio de Hacienda desde hace unos meses.

Hace unos días los empresarios a través de Confecámaras propusieron su propia reforma; lo mismo hizo el FMI, a través de su delegado Robert Rennhack, el pasado viernes, quien dio un ‘recetario’ de cómo debería se la reforma: « Para nosotros, implica bajar las tarifas del impuesto a la renta, eliminar exenciones, ampliar la base del IVA, minimizar el número de tarifas, un sistema mucho más sencillo, minimizar el impuesto a las transacciones financieras».

Mucho se ha hablado de la necesidad de bajar la tarifa de renta como vehículo para atraer la inversión y volver más competitivo al país. En eso, parece haber más o menos un consenso, salvo el discurso de algunos senadores en campaña que dicen que eso sería bajarle el impuesto a los ricos.

Sin embargo, cuando se trata de meterle mano al IVA, y sobretodo, a la canasta familiar, la cosa cambia y la temperatura del termómetro social empieza a subir, sobretodo porque es una propuesta que ya fue propuesta en dos ocasiones y tumbada por el congreso y la Corte Constitucional.

Otra polémica surge en el tema del 4 por mil, mucho más con la propuesta de destinarlo a la financiación del SISBEN; el sector financiero es quien más siente su peso y argumenta que es un gravamen antitécnico, que distorsiona la economía. Pero es indudable su fácil recaudo, y el hecho que haya generado casi 2 billones este año; otro punto a su favores que no golpea directamente el bolsillo de los más pobres.

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